La Asociación de Turismo Rural propone que las viviendas de uso turístico cumplan las mismas obligaciones que el resto de la oferta turística

 

La Asociación de Turismo Rural propone que las viviendas de uso turístico cumplan las mismas obligaciones que el resto de la oferta turística en el nuevo decreto

  • La ATRC pide al Gobierno de Cantabria una estrategia que limite el número de alojamientos en determinadas zonas y asumir competencias en planificación turística. 
  • La asociación recuerda sus esfuerzos por ofrecer una oferta regulada frente a un “turismo especulativo” que pone en peligro el destino de Calidad

  La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha presentado en la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria sus alegaciones al trámite de consulta pública para la elaboración del nuevo decreto por el que se regularán las viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma.

En su documento, la ATRC hace hincapié en la exigencia de una equiparación de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) con los alojamientos regulados de turismo rural en cuanto a los requisitos de infraestructuras y equipamientos. Según explica el presidente de la asociación, Jesús Blanco Oporto, “estamos hablando de dos conceptos alojativos similares, en cuanto a funcionalidad y comercialización, pero diferentes en cuanto a medidas”, que considera inexistentes en los pisos turísticos, tanto en equipación como en deberes legales.

Según se explica en el documento remitido a la administración regional, las Viviendas de Uso Turístico deberán contar, “igual que nuestros alojamientos”, con determinadas obligaciones, entre las que cita un seguro de responsabilidad civil específico; inspecciones eléctricas y sanitarias; registro de entrada de viajeros y obligatoriedad de comunicación a la Guardia Civil; unas dimensiones mínimas por estancia en cada una de las unidades alojativas; medidas antiincendios y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, en caso de ser consideradas ‘empresas turísticas’, la ATRC exige que el titular esté dado de alta en la Seguridad Social.

La asociación señala no sólo las características que deben reunir los alojamientos, sino también las acciones de la administración regional para la regulación de los más de

10.000 pisos turísticos surgidos en Cantabria en los últimos años: limitación en el número de alojamientos en determinadas zonas y “asumir competencias en materia de planificación turística en una estrategia de turismo sostenible” que prime la calidad frente a la cantidad. También indica la necesidad de aumentar la plantilla de inspectores para poder “controlar, auditar y, en su caso, incoar expedientes sancionadores contra aquellos que incumplan la normativa prevista”.

Asimismo, la ATRC aboga por dotar a los municipios de capacidad para realizar planeamientos, limitando la oferta por zonas, “siempre justificadamente y de manera proporcional”, como ya se está dando en ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián, que “han establecido ya restricciones por zonas y edificios, dependiendo de la presión que se ejerza en el mercado de la vivienda”.

En relación a este punto, la asociación de empresarios de alojamientos rurales asegura que “resultaría interesante contar con la ayuda de la Universidad de Cantabria para hacer un análisis de la capacidad de carga por municipios”, obteniendo los datos imprescindibles para establecer las políticas que favorezcan un mayor desarrollo de los municipios en riesgo de despoblamiento y las medidas correctoras para los municipios saturados.

Por último, también defiende las limitaciones, tanto temporales como en el número de viviendas turísticas por titular, y la obligatoriedad de que la explotación sea como un alquiler íntegro y no por habitaciones, estableciéndose además una capacidad máxima alojativa. Igualmente, pide que el nuevo decreto incluya la exigencia del consentimiento expreso de las Comunidades de propietarios.

En el texto presentado ante la Dirección General de Turismo de Cantabria, la ATRC insiste en la posición que ha venido defendiendo en los últimos años frente al fenómeno de las viviendas turísticas, y es que sus alojamiento se están viendo “dramáticamente perjudicados al tener que competir con establecimientos sin costes de apertura, sin controles, sin personal” y recuerda las iniciativas en defensa de la calidad de los establecimientos, cuando “frente a nosotros, se encuentra un turismo especulativo y extensivo, de candado y código de acceso, de lowcost y sin escrúpulos en cuanto a normas de convivencia”.

ALEGACIONES QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE CANTABRIA AL TRAMITE DE CONSULTA PÚBLICA A LA ELABORACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, de conformidad con lo establecido en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 2 de abril de 2024.

  1. JESÚS BLANCO OPORTO, como PRESIDENTE de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, con domicilio en Santander, Calle Castilla, nº 93 bajo, ante esa Dirección comparece y dice:

Que por el presente escrito, viene a formular las siguientes

ALEGACIONES 

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria, como representante de los alojamientos ubicados en el medio rural de Cantabria y, por tanto, organización más representativa del sector y potencialmente afectada, se considera legitimada para comparecer ante la Administración y mostrar públicamente su opinión respecto a la futura normativa reguladora de las Viviendas de Uso Turístico en Cantabria.

El Turismo Rural surge a comienzo de los años 90, para regularizar un fenómeno de diversificación económica, similar al que se vive actualmente con la llamada economía colaborativa: la posibilidad de que familias con actividades agropecuarias, en un medio sin dotaciones turísticas, como las zonas de interior de Cantabria, pudieran dar un servicio de alojamiento, obteniendo por ello unos ingresos extras y, lo más importante, sin prácticamente incidencia en el sector hotelero y, por tanto, sin competencia desleal. En unos pocos años, logramos ponernos a la cabeza en número y calidad de nuestros establecimientos, convirtiéndonos en un ejemplo a seguir por el resto de Comunidades Autónomas.

Desde un primer momento, a través de los Decretos 31/1997, de 23 de abril y posteriormente con el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre, se reguló de manera, más o menos pormenorizadamente la actividad y, fundamentalmente, los requisitos de nuestras infraestructuras, hasta prácticamente

equipararlos a la normativa existente para hoteles. Este último conjunto normativo supuso un endurecimiento de los requisitos para la apertura de un alojamiento rural, en cuanto a medidas mínimas de habitaciones, deberes de obligado cumplimiento o condiciones de antigüedad y localización geográfica.

Absolutamente nada que decir tuvo nuestro sector cuando el Gobierno de Cantabria, aludiendo a la idea de sensibilidad territorial y al patrimonio etnográfico y cultural de Cantabria y a las peculiaridades propias de una construcción típica, sacó el Decreto 39/2014, de 31 de julio, por el que se regulan los alojamientos en Cabañas Pasiegas, creando un primer agravio comparativo con las posadas y viviendas rurales ya existente, al ser mucho más laxa en condicionantes; reconociéndose, incluso, en la exposición de motivos del citado Decreto, cuando establece que “existen razones determinantes para la aprobación de una regulación específica que no apartándose de la filosofía del alojamiento rural, determine las condiciones de infraestructura de alojamiento de manera más laxa y adaptadas a la identidad del espacio de la comarca pasiega y que suponga una mejora de la actividad económica del sector primario”.

De similar manera, no beligerante fue nuestra Asociación al regularse el subsector de los alojamientos extrahoteleros, igualmente más permisivo en normativa que los alojamientos rurales, pudiendo los bungalows, apartamentos, estudios y chalets, entrar en competencia con nosotros, pero siempre desde un punto de vista más empresarial y como planteamiento de negocio.

En el año 2017, comienza a gestarse una nueva regulación, en este caso, creándose la figura de la Vivienda de Uso Turístico, publicándose en agosto de ese año un borrador de la nueva normativa para que, como en esta ocasión, los sectores afectados pudieran exponer su parecer. La Asociación formuló las alegaciones que consideró necesarias mediante un escrito remitido a la Dirección General de Turismo, el día 11 de septiembre de 2017. El citado escrito finalizaba con el siguiente análisis premonitorio de lo que pensamos y, finalmente, para nuestra desgracia, se ha cumplido, dándonos el tiempo totalmente la razón:

entendemos que este proyecto de Decreto constituye un conjunto de vaguedades e indefiniciones para salir del paso ante una nueva realidad social que preocupa a la administración turística, pero que, en ningún caso se trata de una propuesta normativa seria. Son tantos los conceptos jurídicos indeterminados y sus lagunas jurídicas que más que un auténtico proyecto de Decreto, estamos ante el anuncio de una voluntad de crear un censo de viviendas ilegales y un mecanismo de control de sus usuarios. En síntesis, un atentado a la planificación turística, que perjudica la capacidad de carga de los municipios, lesiona gravemente la competitividad de nuestras empresas, rozándose el esperpento, al ceder la Administración Turística sus facultades de policía en las Comunidades de propietarios, como único filtro de los estándares de calidad en la apertura de un alojamiento. En síntesis, un agravio comparativo para un sector, el del turismo rural, al que se aboca inexorablemente a desaparecer. 

Ni que decir tiene que no se nos hizo el menor caso, siguiendo la Dirección General de Turismo adelante con el proyecto que desembocaría en el Decreto 225/2019, de 28 de noviembre de 2019, por el que se regulan las Viviendas de Uso Turístico. La Asociación de Turismo Rural de Cantabria, formuló nuevamente, alegaciones contra esta regulación, mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2022, en el que se decía:

“En ningún caso una vivienda de uso turístico debe ser considerado como una empresa y, ni mucho menos, debe figurar en un Registro de Empresas Turística, que tiene su reflejo en la publicidad que se realiza en la propia web del Gobierno de Cantabria, mezclando en su oferta turística, auténticas empresas y empresario, y familias que viven de ello, con especuladores urbanísticos cuyo negocio está en equipararse a aquellos alojamientos a los que se exigió y se sigue exigiendo normativa y medidas”.

Cuatro años después, nos encontramos con que la situación, de facto, es la descrita por nosotros y el escenario con el que desarrollamos nuestra actividad empresarial es el de un modelo de desarrollo turístico en el que se ha apostado por el “todo vale” y cualquier propietario de un piso en entorno urbano o vivienda independiente en el medio rural, pueda competir en el circuito comercial, produciendo no sólo daños en el sector empresarial, sino también en las estructuras sociales, urbanísticas e, incluso, en la convivencia ciudadana. La propia administración, en la exposición de motivos de su resolución del 2 de abril nos habla de “problemas que se pretenden solucionar”, de “dificultad de acceso a la vivienda”, “desnaturalización de barrios” y, en lo que más afecta a nuestro colectivo, de “competencia desleal para el resto del sector de alojamientos turísticos”. Está todo dicho, en cuanto a los irreparables daños que tan nefasta regulación ha generado en la sociedad de Cantabria, en general y en nuestro sector, en particular

  • La irrupción en el mercado turístico, de la noche a la mañana, de unas 10.000 viviendas de uso turístico, legales, alegales e ilegales, de una manera totalmente irresponsable y que ni la propia administración turística estaba, ni sigue estando, capacitada para controlar a través de su servicio de inspección.
  • Un encarecimiento de la vivienda y del mercado de alquiler, al estar todos envueltos en una vorágine especulativa que genera enormes dificultades para el acceso a la vivienda residencial, con el consiguiente despoblamiento de nuestros entornos
  • Una sobreexplotación de los recursos turísticos y en la capacidad de carga de los municipios que se ven desbordados en temporada alta, careciendo de una planificación turística sensata de desarrollo sostenible
  • Innumerables problemas de convivencia ciudadana, al tener que convivir en un mismo inmueble, residentes habituales con

En definitiva, estamos en vías de perder para Cantabria un modelo de turismo basado en la calidad, por otro, en el que todo vale, siempre y cuando venga gente que sirva para “maquillar” datos de ocupación, datos de pasajeros en el aeropuerto y datos de visitantes a Cabárceno. El modelo de las viviendas de uso turístico nos aleja de la “Marca Cantabria” que nuestro sector cuida y demanda. La Asociación de Turismo Rural siempre ha tenido por norma que la calidad del destino comience por sus propios servicios prestados. Alojamientos cuidados, con singularidad arquitectónica sin descuidar el confort interior, con seguridad, eficiencia, cuidado por el medio ambiente, recepción e información personal y personalizada. Nuestro modelo apuesta por ofertar un producto de calidad, y más cuando se afirma que la fidelización del cliente se ha de apoyar en la calidad del producto y que la competencia en los mercados turísticos se sostiene, en la actualidad, en un turismo menos masivo y de mayor calidad. Estamos hablando, por tanto, de profesionalidad en el servicio.

Fuera aparte de consideraciones sociológicas, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria vela por los intereses de sus asociados. EMPRESARIOS, que arriesgaron un capital para emprender un negocio y que consideran que no juegan en igualdad de condiciones con los titulares de Viviendas de Uso Turístico. Diferentes criterios de regulación, diversas varas de medir para acabar, de facto, sin diferencias en un mismo mercado y en iguales canales de comercialización. Nuestros alojamientos se están viéndose dramáticamente perjudicados al tener que competir con establecimientos sin costes de apertura, sin controles, sin personal. Nosotros seguimos apostando por el trato personalizado, el desayuno cuidado con productos kilómetro cero, por los jardines y espacios exteriores. Frente a nosotros, se encuentra un turismo especulativo y extensivo, de candado y código de acceso, de lowcost y sin escrúpulos en cuanto a normas de convivencia; pero, amparados por la administración, por activa (incluyéndoles en su información turística como empresas) y por pasiva (no inspeccionando ni controlando su actividad e instalaciones). Casi 400 denuncias fueron presentadas ante la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, en septiembre de 2023, con cero respuestas.

Pese a que el mal está hecho, se nos brinda una nueva oportunidad de intentar paliar este caos proponiendo una serie de medidas que nuestro colectivo solicita sean atendidas:

En primer lugar, exigimos una equiparación en cuanto a los requisitos de infraestructuras y equipamiento, entre las viviendas de uso turístico y las viviendas rurales. Estamos hablando de dos conceptos alojativos similares, en cuanto a funcionalidad y comercialización, pero diferentes en cuanto a medidas (inexistentes en las VUT), en cuanto a equipación (nada se dice en la legislación respecto a las VUT) e incluso en los deberes legales. Las Viviendas de Uso Turístico deberán contar, igual que nuestros alojamientos, con:

  • Seguro de responsabilidad civil específico, con una caución mínima.
  • Inspección eléctrica (OCA)
  • Inspecciones sanitarias (Legionella)
  • Registro de entrada de viajeros y obligatoriedad de comunicación a la Guardia
  • Ley Orgánica de protección de
  • Medidas antiincendios (señalización, rutas de evacuación, etc).
  • En caso de ser consideradas empresas turísticas, que el titular esté dado de alta en la Seguridad

También se deben exigir unas dimensiones mínimas por estancia en cada una de las unidades alojativas, siguiendo el modelo de la normativa de VUT de Aragón.

Limitación en el número de alojamientos en determinadas zonas. Asumir el Gobierno de Cantabria directamente, competencias en materia de planificación turística, capaces de realizar una estrategia de turismo sostenible en la que prime la calidad frente a la cantidad. Asimismo, dotar a los Municipios de capacidad para realizar planeamientos, limitando la oferta por zonas y siempre justificadamente y de manera proporcional. Ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián han establecido ya restricciones por zonas y edificios, dependiendo de la presión que se ejerza en el mercado de la vivienda. Ejemplos:

Bilbao: sólo se permite la existencia de VUT en la 1ª planta de los edificios residenciales o plantas inmediatamente inferiores con acceso independiente. Sólo un uso turístico por edificio.

San Sebastián: ha suspendido por un año la concesión de licencias para la creación de hoteles u otros establecimientos turísticos. Se reconoce la posibilidad de declarar zonas turísticamente saturadas.

Asturias: ha previsto la creación de zonas turísticas protegidas. El Principado tendrá potestad para declarar un concejo o un territorio determinado así, cuando esté en riesgo el medio ambiente o el patrimonio cultural, o bien se superen los niveles máximos de oferta y demanda turística (tanto de actividades como de establecimientos).

Cataluña: Se ha aprobado un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes. Son pueblos y ciudades con problemas de acceso a la vivienda, que ya tienen más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes o que cumplen ambos requisitos.

Estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto ley. Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda.

Deberán justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes.

Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en estos lugares tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años renovables.

En este sentido, resultaría interesante contar con la ayuda de la UC para hacer un análisis de la capacidad de carga por municipios, obteniendo los datos imprescindibles para establecer las políticas que favorezcan un mayor desarrollo de los municipios en riesgo de despoblamiento y las medidas correctoras para los municipios saturados.

Establecer limitaciones temporales (como en el caso de los pisos turísticos en Nueva York, que lo hacen a una duración mínima de un mes), en el número de viviendas turísticas por titular (limitándolas a una) y la obligatoriedad de que la explotación de las mismas se tenga que hacer como un alquiler íntegro y no por habitaciones o estancias, estableciéndose, además, una capacidad máxima alojativa

Igualmente, exigencia de consentimiento expreso por parte de las Comunidades de propietarios, extensivo a los que ya están en funcionamiento.

Aumento de la plantilla del cuerpo de inspectores para poder controlar, auditar y, en su caso, incoar expedientes sancionadores contra aquellos que incumplan la normativa prevista.

Mayor control en el funcionamiento de una posible vivienda turística mediante Declaraciones Responsables, ya que genera inseguridad jurídica. Si hay incumplimientos administrativos de la ley, que se pueda suspender la licencia por un determinado plazo, para así evitar la picaresca que el propietario firme una declaración responsable para solicitar una VUT y si se le deniega, por algún incumplimiento, al día siguiente pueda hacer el mismo trámite. El nuevo decreto debería prever la posible suspensión temporal de la actividad, en caso de que esto ocurra. En dicha declaración responsable debería aparecer, expresamente, que los Estatutos de la Comunidad de propietarios o los acuerdos de la Junta de propietarios no limitan o condicionan el uso turístico de una vivienda.

Por todo ello,

SOLICITAMOS: 

Se tengan por presentadas estas alegaciones, se subsanen los problemas que ha generado el anterior Decreto regulador, y se tengan en cuenta las propuestas arriba citadas.

Una vez admitidas y según lo dispuesto en la resolución de 20 de marzo de 2024, por la que se somete al trámite de consulta pública la elaboración del Decreto por el que se regulen las viviendas de uso turístico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esperamos que el borrador de Decreto sea igualmente sometido a la consulta por parte de las Asociaciones afectadas.

En Santander, a 16 de abril de 2024

 

Jesús Blanco Oporto

Presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria

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